La psicopedagoga Silvana Pedernera, integrante del Equipo Interdisciplinario y el  área de Discapacidad de la Municipalidad de Ballesteros, analizó la situación que atraviesa la discapacidad en la Argentina. “Cuando decimos que la discapacidad está en emergencia, no somos un gasto: estamos hablando de derechos”, afirmó, y recordó que el país cuenta con leyes y con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos.

Pedernera explicó que la crisis tiene dos dimensiones: una político-económica, que tiene al Estado como responsable, y otra socio-cultural, ligada a la imagen que la sociedad tiene sobre la discapacidad. En el ámbito privado, las obras sociales deben garantizar prestaciones como el transporte a escuelas y terapias, la fonoaudiología, la psicopedagogía o la fisiatría. En lo público, aclaró que no todas las personas con discapacidad cobran pensiones no contributivas, sino solo quienes no pueden trabajar a causa de su condición, y advirtió que se busca instalar que el problema está en esas pensiones “cuando es una parte ínfima”.

La especialista señaló que la crisis lleva muchos años y se intensificó en el último tiempo, afectando también a profesionales y transportistas. Explicó que el Estado debe garantizar un nomenclador actualizado, que fija cuánto se paga por cada prestación; cuando eso no ocurre, la diferencia termina recayendo en las familias, que además ya pagan su cuota de obra social. También alertó que la desregulación abre la puerta a cobros desmedidos.

Pedernera vive esta realidad desde varios lugares: como profesional de la salud, desde su tarea en el área municipal y como persona con esclerosis múltiple. “Existen discapacidades invisibles que no se notan a simple vista, pero de alguna manera todas nos condicionan”, sostuvo. Sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), aclaró que no es un trámite rápido: requiere una carpeta con antecedentes, legajo médico y estudios de respaldo, y conseguir turno en la junta médica puede demorar entre tres y seis meses, según el hospital.

Como cierre, hizo un llamado a la solidaridad y a una empatía real, sin juzgar desde el desconocimiento. “Nadie elige tener una discapacidad; son condiciones que nos tocan atravesar y hay que hacerles frente con los recursos que hay”, expresó. Recordó que las puertas del área de Discapacidad están abiertas para resolver dudas y concluyó: “La mejor batalla que podemos dar es cultural: informarnos y empaparnos del tema para opinar con criterio y empatía”.